Por la aplicación sin condiciones de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual
La Coalición por una Radiodifusión Democrática alerta a todos los argentinos sobre las maniobras que un puñado de empresarios propietarios de medios de comunicación oligopólicos vienen promoviendo en...
La Coalición por una Radiodifusión Democrática alerta a todos los argentinos sobre las maniobras que un puñado de empresarios propietarios de medios de comunicación oligopólicos vienen promoviendo en la justicia para impedir la aplicación de la ley 26522, de servicios de comunicación audiovisual, aprobada mayoritariamente por el Congreso de la Nación y promulgada por la Presidenta Cristina Fernández en noviembre de 2009. Advertimos a la población que:
Las órdenes judiciales de suspensión de parte o toda la ley ataca al corazón del proceso de democratización de las comunicaciones. Tanto en impedir la desmonopolización de la propiedad de los medios, cuanto en obstaculizar que los argentinos podamos acceder a información pluralista y diversa.
Los grandes grupos económicos y los multimedios – cuatro empresas controlan el 80% de los contenidos audiovisuales en la Argentina - por sí o por terceros, ponen en jaque la aplicación de la ley con el solo objetivo de perpetuar su poder manteniendo la ley de la dictadura y eximiendo a los medios de la obligación de transparencia, pluralismo, producción nacional, propia y local que exige la nueva ley.
Se pretende impedir que las mayorías y minorías parlamentarias, las provincias, los pueblos originarios, las organizaciones sociales, empresarias y sindicales y las universidades tengan voz y voto para decidir el destino de la política de comunicación del país, para que quede atada al deseo de los multimedios y su capacidad de presión.
Las 300 0rganizaciones que integramos la Coalición por una Radiodifusión Democrática, convocamos al Gobierno nacional, a los gobiernos provinciales, a los integrantes del Parlamento, a los jueces de la Nación y las organizaciones sociales a garantizar la pronta aplicación de la Ley.
El Poder Judicial no debe pasar a la historia como quien impidió que las mayorías nacionales que lucharon y luchan por la libertad de expresión y el derecho a la información vuelvan a quedar silenciadas.
Defendamos todos los argentinos la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual de la democracia.
Coalición por una Radiodifusión Democrática
sábado, 20 de febrero de 2010
viernes, 19 de febrero de 2010
Hasta que la Cámara no se expida, rige la vieja ley de Radiodifusión
La jueza federal mendocina Olga Pura de Arrabal dijo a Cadena 3 que hasta que la Sala II de la Cámara de Mendoza no confirme o revoque la medida cautelar, sigue en vigencia la anterior normativa.
La Cámara de Mendoza debe resolver la apelación a la medida cautelar dictada por la jueza Pura de Arrabal (Informe de Vicente Calisaya)
La jueza federal de Mendoza Olga Pura de Arrabal, que dictó una medida cautelar para que no se aplique la nueva ley de radiodifusión aprobada el 4 de octubre pasado, habló con Cadena 3 sobre la normativa que rige en el territorio nacional.
"Entiendo que estando suspendida la nueva ley de radiodifusión, estamos regidos por la vieja ley y hasta que la Cámara no se expida confirmando o revocando la cautelar", expicó la jueza mendocina.
Cabe recordar que la jueza Pura de Arrabal dictó una medida cautelar para evitar que se aplique la ley de medios, haciendo lugar así a una presentación realizada por el diputado del justicialismo disidente Enrique Thomas.
En febrero pasado, y tras la feria judicial, la jueza notificó a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner sobre esta medida cautelar y el Estado Nacional apeló la medida.
Ahora la Sala II de la Cámara de Mendoza debe revocar o confirmar la medida cautelar dictada por la jueza Pura de Arrabal.
La Cámara de Mendoza debe resolver la apelación a la medida cautelar dictada por la jueza Pura de Arrabal (Informe de Vicente Calisaya)
La jueza federal de Mendoza Olga Pura de Arrabal, que dictó una medida cautelar para que no se aplique la nueva ley de radiodifusión aprobada el 4 de octubre pasado, habló con Cadena 3 sobre la normativa que rige en el territorio nacional.
"Entiendo que estando suspendida la nueva ley de radiodifusión, estamos regidos por la vieja ley y hasta que la Cámara no se expida confirmando o revocando la cautelar", expicó la jueza mendocina.
Cabe recordar que la jueza Pura de Arrabal dictó una medida cautelar para evitar que se aplique la ley de medios, haciendo lugar así a una presentación realizada por el diputado del justicialismo disidente Enrique Thomas.
En febrero pasado, y tras la feria judicial, la jueza notificó a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner sobre esta medida cautelar y el Estado Nacional apeló la medida.
Ahora la Sala II de la Cámara de Mendoza debe revocar o confirmar la medida cautelar dictada por la jueza Pura de Arrabal.
D'Elía y Mariotto presentan Ley de Medios en Italia en evento organizado por la Revista Cometa
La Ley 26522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, despertó amplio interés en miembros del Parlamento Europeo, donde ya existe una fuerte corriente para desconcentrar, pluralizar y democratizar...
La Ley 26522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, despertó amplio interés en miembros del Parlamento Europeo, donde ya existe una fuerte corriente para desconcentrar, pluralizar y democratizar los medios de comunicación, mediante una legislación similar.
El Prof. Luis D’Elía, Secretario general de la Central de Movimientos Populares (CMP) y el Lic. Juan Gabriel Mariotto, Interventor del ComFeR serán recibidos en el Parlamento Europeo el 24 y 25 de Febrero próximos. Forman parte de la delegación argentina la Diputada Alicia Sánchez y Sergio Medviginer, Director de la Dirección de Recursos Económicos y Financieros de AFSCA.
Los representantes argentinos incluyen en su agenda reuniones con: Luis Yanez-Barnuevo Garcia, Presidente de la Delegación del Parlamento Europeo para las Relaciones del Mercosur; Jean Marie Cavada, Presidente del Media Intergroup; Gianni Vattimo, Vice-presidente de la Comisión de Cultura y Vice-presidente de la Asamblea EUROLAT; y el presidente del Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo, Martin Schulz.
“Presentar nuestra Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual como modelo o ejemplo a seguir por los países europeos, responde al creciente descontento de la gente al ver que la información pretende ser manejada por los grandes grupos y corporaciones.” Explicó el Prof. Luis D’Elía. “Los medios masivos de comunicación se han convertido en una herramienta manipulada por la oligarquía en beneficio de sus propios intereses. Se esta manifestando a nivel global, una creciente necesidad en la gente de estar verdaderamente informada”.
La Delegación Argentina también presentará en Roma en la sede de la FNSI (Federazione Nazionale della Stampa Italiana), la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, invitados por el Secretario General de la FNSI, Roberto Natale y el Europarlamentario (MC) Giulietto Chiesa, Presidente de "Megachip: Democracy in Communication". Entre las personalidades presentes se destaca el Vice-Ministro de Comunicación Italiano y Director de AGCOM, Agencia Nacional para las Comunicaciones, Corrado Calabró.
Giulietto Chiesa, en la foto con D’Elía, Editor en Jefe de la revista italiana “Cometa” realizo en su mas reciente publicación, una entrevista a Mariotto, titulada “La comunicazione come un Bene Comune”.
Ademas, la delegación argentina será recibida por Bianchi Danilo, el Alcalde de la ciudad medieval de Anghiari, como huéspedes de honor para un encuentro abierto con personalidades y la comuna anghiarense; ciudad con la cual existen fuertes lazos migratorios.
El 23 de Febrero en la Sede Federazione Nazionale della Stampa, de Roma se realizará el Encuentro "Comunicación un bien común"
En el otoño pasado, en Argentina se aprobó una ley pionera en el sistema de radiodifusión que, al facilitar el acceso al éter de la sociedad civil y poner un freno a la concentración de medios, se constituye en un sistema en el que el pluralismo de los medios de comunicación ya no está garantizada por la idea de mercado único y los medios corporativos, sino por los propios ciudadanos.
En un intento de estimular un debate en nuestro país en los escenarios ofrecidos por una decisión de esta magnitud, Cometa, la Federación Nacional de Prensa y Megachip, organizó una reunión titulada "Comunicación de bien común".
Moderador:
Roberto Natale, presidente FNSI
Intervienen:
Juan Gabriel Mariotto, responsable de comunicaciones del gobierno argentino
Luis D'Elia, presidente de Federación Tierra y Viviendas
Sebastiano Sortino, comisario Agcom
Giulietto Chiesa, presidente Megachip y director de la revista “Cometa”
Antonio Ruggieri, director general “Cometa”
La reunión servirá para presentar la tercera edición de “Cometa” con una entrevista a Juan Gabriel Mariotto por parte de Giulietto Chiesa "La información no es una mercancía, es un bien común.
La Ley 26522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, despertó amplio interés en miembros del Parlamento Europeo, donde ya existe una fuerte corriente para desconcentrar, pluralizar y democratizar los medios de comunicación, mediante una legislación similar.
El Prof. Luis D’Elía, Secretario general de la Central de Movimientos Populares (CMP) y el Lic. Juan Gabriel Mariotto, Interventor del ComFeR serán recibidos en el Parlamento Europeo el 24 y 25 de Febrero próximos. Forman parte de la delegación argentina la Diputada Alicia Sánchez y Sergio Medviginer, Director de la Dirección de Recursos Económicos y Financieros de AFSCA.
Los representantes argentinos incluyen en su agenda reuniones con: Luis Yanez-Barnuevo Garcia, Presidente de la Delegación del Parlamento Europeo para las Relaciones del Mercosur; Jean Marie Cavada, Presidente del Media Intergroup; Gianni Vattimo, Vice-presidente de la Comisión de Cultura y Vice-presidente de la Asamblea EUROLAT; y el presidente del Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo, Martin Schulz.
“Presentar nuestra Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual como modelo o ejemplo a seguir por los países europeos, responde al creciente descontento de la gente al ver que la información pretende ser manejada por los grandes grupos y corporaciones.” Explicó el Prof. Luis D’Elía. “Los medios masivos de comunicación se han convertido en una herramienta manipulada por la oligarquía en beneficio de sus propios intereses. Se esta manifestando a nivel global, una creciente necesidad en la gente de estar verdaderamente informada”.
La Delegación Argentina también presentará en Roma en la sede de la FNSI (Federazione Nazionale della Stampa Italiana), la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, invitados por el Secretario General de la FNSI, Roberto Natale y el Europarlamentario (MC) Giulietto Chiesa, Presidente de "Megachip: Democracy in Communication". Entre las personalidades presentes se destaca el Vice-Ministro de Comunicación Italiano y Director de AGCOM, Agencia Nacional para las Comunicaciones, Corrado Calabró.
Giulietto Chiesa, en la foto con D’Elía, Editor en Jefe de la revista italiana “Cometa” realizo en su mas reciente publicación, una entrevista a Mariotto, titulada “La comunicazione come un Bene Comune”.
Ademas, la delegación argentina será recibida por Bianchi Danilo, el Alcalde de la ciudad medieval de Anghiari, como huéspedes de honor para un encuentro abierto con personalidades y la comuna anghiarense; ciudad con la cual existen fuertes lazos migratorios.
El 23 de Febrero en la Sede Federazione Nazionale della Stampa, de Roma se realizará el Encuentro "Comunicación un bien común"
En el otoño pasado, en Argentina se aprobó una ley pionera en el sistema de radiodifusión que, al facilitar el acceso al éter de la sociedad civil y poner un freno a la concentración de medios, se constituye en un sistema en el que el pluralismo de los medios de comunicación ya no está garantizada por la idea de mercado único y los medios corporativos, sino por los propios ciudadanos.
En un intento de estimular un debate en nuestro país en los escenarios ofrecidos por una decisión de esta magnitud, Cometa, la Federación Nacional de Prensa y Megachip, organizó una reunión titulada "Comunicación de bien común".
Moderador:
Roberto Natale, presidente FNSI
Intervienen:
Juan Gabriel Mariotto, responsable de comunicaciones del gobierno argentino
Luis D'Elia, presidente de Federación Tierra y Viviendas
Sebastiano Sortino, comisario Agcom
Giulietto Chiesa, presidente Megachip y director de la revista “Cometa”
Antonio Ruggieri, director general “Cometa”
La reunión servirá para presentar la tercera edición de “Cometa” con una entrevista a Juan Gabriel Mariotto por parte de Giulietto Chiesa "La información no es una mercancía, es un bien común.
Cooperativas ofrecen 70 canales a $ 70
"El servicio de televisión que ofrecerán las cooperativas, tendrá un costo que estará muy por debajo de lo que hoy cotizan las empresas tradicionales de cable”, afirmó Darío Oliver, presidente de...
"El servicio de televisión que ofrecerán las cooperativas, tendrá un costo que estará muy por debajo de lo que hoy cotizan las empresas tradicionales de cable”, afirmó Darío Oliver, presidente de CATEL
“El servicio de televisión que ofrecerán en breve las cooperativas, tendrá un costo que estará muy por debajo de lo que hoy cotizan las empresas tradicionales de cable”, expresó el ingeniero Darío Oliver (foto), presidente de la Cámara de Cooperativas de Telecomunicaciones (CATEL), al referirse a esta nueva prestación en que incursionarán las cooperativas de servicios públicos de Argentina, seguramente a partir del segundo semestre del corriente año. El servicio se ofrecerá a un costo de $ 70, por un paquete de 70 canales.
El dirigente cooperativista brindó precisiones a Prensa Cooperativa acerca de lo que habrá de ser la irrupción masiva de las cooperativas en el mercado de la televisión por cable. Pero fue contundente al manifestar que la oferta que presentarán las cooperativas “será muy agresiva”.
Explicó Oliver que en una primera etapa se pondrá en marcha un emprendimiento que comprende a quince cooperativas nucleadas en CATEL. “La experiencia – dijo – comenzará en varias localidades de la provincia de Buenos Aires, como así también en Misiones, La Pampa y Santa Cruz, para luego avanzar en las grandes ciudades”.
Señaló que “en estos momentos estamos concluyendo el proyecto para lanzar la oferta. La mayor parte de las cooperativas transmitirá a través de IPTV, pero habrá otras que lo harán a través de redes híbridas de coaxil y fibra. Nuestro objetivo es brindar un servicio que, por calidad, se ubique en otro nivel con respecto al cable. En lo que respecta a la tecnología, el hecho de que nos inclinemos por la IPTV, en la mayoría de los casos, pone en evidencia nuestro propósito de no brindar un servicio común, como el de las empresas cableras”.
En tres cooperativas ya se han realizado pruebas con todo éxito. Ello sucedió en las eléctricas de Trenque Lauquen (Buenos Aires) y de Santa Rosa (La Pampa). “En la Cooperativa Telefónica de Pinamar – expresó luego – se efectuaron con éxito pruebas de video en demanda. Comprobamos que la tecnología funciona y eso constituye una tranquilidad para nosotros, en función de que la IPTV en estos momentos irrumpe como algo novedoso en el mundo”.
Al referirse a la puesta en marcha del servicio de televisión por parte de las cooperativas, indicó que “eso dependerá del grado de avance que logremos en las negociaciones que estamos manteniendo con los diversos proveedores de tecnología y contenidos con quienes estamos conversando”. Sobre el particular dijo que las negociaciones se están realizando con las empresas Alcatel y UTStarcom.
Puntualizó que también “negociamos con la empresa Minerva, que tiene exitosas experiencias en Chile. Y también lo hacemos con algunas de las telefónicas que operan en la Argentina, por cuanto “ellos son los proveedores clásicos de ancho de banda”.
En lo que tiene que ver con los contenidos, el ingeniero Oliver señaló que “esperamos que antes de junio próximo, podamos concretar un acuerdo con Colsecor (Cooperativa de Provisión y Comercialización de Servicios Comunitarios de Radiodifusión), mediante el cual podrán ofrecer las señales tradicionales. Colsecor es una entidad que tiene sede en Córdoba y agrupa actualmente a unas 150 cooperativas y pymes, distribuidas en 15 provincias argentinas.
En lo que respecta al costo con el cual se comercializará el servicio de televisión, Oliver manifestó que “será de unos 70 pesos aproximadamente, por 70 canales”. Anticipó que la Cooperativa Telefónica de Pinamar (Telpin) – de la cual él es gerente general – comenzará a dar televisión este año a través de la tecnología IPTV y lo hará, concretamente, en Pinamar, Ostende y Valeria del Mar.
Telviso, la Cooperativa Telefónica de Del Viso (Buenos Aires) es otra de las entidades que ya efectuó sus ensayos y se propone encarar el servicio de televisión por IPTV. Esta entidad podría iniciar la prestación del servicio a partir del segundo semestre de este año, aunque los directivos de la entidad, que encabeza Marcos Cytrynblum, señalaron que ello está sujeto a la evolución que registre su alistamiento y a la resolución de los temas pendientes del marco regulatorio de la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
La Cooperativa de Electricidad de Trenque Lauquen, por su parte, también efectuó pruebas con gran éxito en 15 hogares de esa ciudad bonaerense. Las inversiones que demanda el proyecto alcanzan a 1.300.000 dólares y los directivos de la entidad tienen previsto cubrir unas 600 manzanas de la ciudad. Competirán con CableVisión y esperan que les vaya tan bien como con el servicio telefónico, que iniciaron hace dos años.
Finalmente, la Usina Popular Cooperativa Sebastián de María, de la ciudad bonaerense de Necochea es otra de las entidades que se está preparando para brindar televisión paga. Los directivos están realizando una campaña para recolectar firmas de vecinos que apoyen este proyecto, tal como lo hizo la Cooperativa de Electricidad de Tres Arroyos. Esperan lograr unos 3.000 clientes en los primeros seis meses de la iniciación del emprendimiento.
"El servicio de televisión que ofrecerán las cooperativas, tendrá un costo que estará muy por debajo de lo que hoy cotizan las empresas tradicionales de cable”, afirmó Darío Oliver, presidente de CATEL
“El servicio de televisión que ofrecerán en breve las cooperativas, tendrá un costo que estará muy por debajo de lo que hoy cotizan las empresas tradicionales de cable”, expresó el ingeniero Darío Oliver (foto), presidente de la Cámara de Cooperativas de Telecomunicaciones (CATEL), al referirse a esta nueva prestación en que incursionarán las cooperativas de servicios públicos de Argentina, seguramente a partir del segundo semestre del corriente año. El servicio se ofrecerá a un costo de $ 70, por un paquete de 70 canales.
El dirigente cooperativista brindó precisiones a Prensa Cooperativa acerca de lo que habrá de ser la irrupción masiva de las cooperativas en el mercado de la televisión por cable. Pero fue contundente al manifestar que la oferta que presentarán las cooperativas “será muy agresiva”.
Explicó Oliver que en una primera etapa se pondrá en marcha un emprendimiento que comprende a quince cooperativas nucleadas en CATEL. “La experiencia – dijo – comenzará en varias localidades de la provincia de Buenos Aires, como así también en Misiones, La Pampa y Santa Cruz, para luego avanzar en las grandes ciudades”.
Señaló que “en estos momentos estamos concluyendo el proyecto para lanzar la oferta. La mayor parte de las cooperativas transmitirá a través de IPTV, pero habrá otras que lo harán a través de redes híbridas de coaxil y fibra. Nuestro objetivo es brindar un servicio que, por calidad, se ubique en otro nivel con respecto al cable. En lo que respecta a la tecnología, el hecho de que nos inclinemos por la IPTV, en la mayoría de los casos, pone en evidencia nuestro propósito de no brindar un servicio común, como el de las empresas cableras”.
En tres cooperativas ya se han realizado pruebas con todo éxito. Ello sucedió en las eléctricas de Trenque Lauquen (Buenos Aires) y de Santa Rosa (La Pampa). “En la Cooperativa Telefónica de Pinamar – expresó luego – se efectuaron con éxito pruebas de video en demanda. Comprobamos que la tecnología funciona y eso constituye una tranquilidad para nosotros, en función de que la IPTV en estos momentos irrumpe como algo novedoso en el mundo”.
Al referirse a la puesta en marcha del servicio de televisión por parte de las cooperativas, indicó que “eso dependerá del grado de avance que logremos en las negociaciones que estamos manteniendo con los diversos proveedores de tecnología y contenidos con quienes estamos conversando”. Sobre el particular dijo que las negociaciones se están realizando con las empresas Alcatel y UTStarcom.
Puntualizó que también “negociamos con la empresa Minerva, que tiene exitosas experiencias en Chile. Y también lo hacemos con algunas de las telefónicas que operan en la Argentina, por cuanto “ellos son los proveedores clásicos de ancho de banda”.
En lo que tiene que ver con los contenidos, el ingeniero Oliver señaló que “esperamos que antes de junio próximo, podamos concretar un acuerdo con Colsecor (Cooperativa de Provisión y Comercialización de Servicios Comunitarios de Radiodifusión), mediante el cual podrán ofrecer las señales tradicionales. Colsecor es una entidad que tiene sede en Córdoba y agrupa actualmente a unas 150 cooperativas y pymes, distribuidas en 15 provincias argentinas.
En lo que respecta al costo con el cual se comercializará el servicio de televisión, Oliver manifestó que “será de unos 70 pesos aproximadamente, por 70 canales”. Anticipó que la Cooperativa Telefónica de Pinamar (Telpin) – de la cual él es gerente general – comenzará a dar televisión este año a través de la tecnología IPTV y lo hará, concretamente, en Pinamar, Ostende y Valeria del Mar.
Telviso, la Cooperativa Telefónica de Del Viso (Buenos Aires) es otra de las entidades que ya efectuó sus ensayos y se propone encarar el servicio de televisión por IPTV. Esta entidad podría iniciar la prestación del servicio a partir del segundo semestre de este año, aunque los directivos de la entidad, que encabeza Marcos Cytrynblum, señalaron que ello está sujeto a la evolución que registre su alistamiento y a la resolución de los temas pendientes del marco regulatorio de la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
La Cooperativa de Electricidad de Trenque Lauquen, por su parte, también efectuó pruebas con gran éxito en 15 hogares de esa ciudad bonaerense. Las inversiones que demanda el proyecto alcanzan a 1.300.000 dólares y los directivos de la entidad tienen previsto cubrir unas 600 manzanas de la ciudad. Competirán con CableVisión y esperan que les vaya tan bien como con el servicio telefónico, que iniciaron hace dos años.
Finalmente, la Usina Popular Cooperativa Sebastián de María, de la ciudad bonaerense de Necochea es otra de las entidades que se está preparando para brindar televisión paga. Los directivos están realizando una campaña para recolectar firmas de vecinos que apoyen este proyecto, tal como lo hizo la Cooperativa de Electricidad de Tres Arroyos. Esperan lograr unos 3.000 clientes en los primeros seis meses de la iniciación del emprendimiento.
martes, 16 de febrero de 2010
Papel de la prensa y Papel Prensa S.A.
Por: Miguel Julio Rodríguez Villafañe*
La Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina ha afirmado que “las empresas periodísticas configuran el ejercicio privado de funciones de interés social y su actividad está dirigida al bien de todos y cada uno de los miembros de la comunidad”, (Fallos: 316:2845).
A su vez, estableció, reiteradamente, que la función de la prensa ayuda a cuidar la “esencia democrática contra toda posible desviación, al extremo que sin su debido resguardo existiría tan sólo uno.
La actividad de la prensa es una de las garantías fundamentales para la vida democrática y un instrumento básico para el ejercicio pleno de diferentes derechos humanos.
El Estado, activamente, tiene la obligación de propiciar, respetar y garantizar una prensa libre y plural. En ello, debe ayudar a superar los condicionamientos externos que afecten la posibilidad de la presencia de emprendimientos periodísticos diversos y no debe permitir que se den, de hecho o de derecho, monopolios u oligopolios que afecten el derecho a saber.
Así, en este interés público imperativo, es importante asegurar que haya una prensa diversa, que se pueda desenvolver, con criterios de igualdad y equidad y que garantice que no se invisibilicen temas, personas o pueblos.
País federal
A su vez, en un país federal es primordial que se tutele la existencia de medios de prensa con dispersión territorial, para que existan voces diferentes desde distintos lugares.
Es la manera de respetar a mujeres y hombres situados, cuya perspectiva, desde su espacio, hay que evitar que se la condicione, con lógicas centralistas y unipolares, que puedan silenciar o anular la visión local.
Se deben propiciar condiciones para que cada espacio del territorio patrio tenga la posibilidad de contar con ámbitos de comunicación propios y de esa manera ayudar a gestar una democracia municipal y provincial adecuada y colaborar a tener una presencia, con personalidad propia, en el ámbito nacional.
El papel de la prensa
En el país hay cientos de diarios, periódicos y revistas organizados como pequeñas y medianas empresas comerciales (Pymes) o cooperativas. Estas publicaciones, producto del esfuerzo por superar la concentración, le dan voz a diferentes, problemáticas, sectores sociales, barrios, localidades, ciudades y regiones del país.
También ayudan a preservar identidades culturales y garantizan que se puedan ejercer derechos humanos básicos, como los de información, comunicación, educación, recreación, participación democrática, control de gestión gubernamental, formación de opinión pública, entre otros.
Asimismo, generan fuentes de trabajo y dinamizan la economía del lugar. Se deber tener presente, que muchos negocios o empresas locales no tienen la capacidad económica o la necesidad de publicitar en grandes medios nacionales, los bienes o servicios que ofrecen. De no existir medios locales, no podrían hacerse conocer o lo tendrían que efectuar abonando montos innecesarios.
Papel para la prensa
Para esos medios, uno de los insumos más condicionantes de su desarrollo y funcionamiento sustentable es el papel para imprimir, que representa entre el 50% al 70% de sus costos.
En este aspecto, ha sido muy positivo que el Estado Nacional haya contemplado que es importante desarrollar una política de estado que busque garantizar la provisión del papel para diario de manera igualitaria. Recurso este que ya ha sido declarado de interés nacional, desde hace tiempo (Ley 11.682).
En esa línea, la Secretaría de Comercio Interior de la Nación dictó la Resolución 1/2010, en enero de este año.
Esta disposición pretende canalizar el abastecimiento del papel para la prensa a todos los medios de información, evitando la concentración del recurso en manos de grandes empresas y también, buscando prevenir que la fijación del precio del papel se transforme en un mecanismo que excluya a los pequeños productores gráficos.
Establece la Resolución que, desde una compra mínima de una tonelada, "las operaciones de comercialización de papel para diario, en fábricas nacionales, deberán efectuarse por un precio igualitario, en función del precio del principal comprador".
Papel Prensa S. A.
La empresa Papel Prensa S.A., integrada por capitales privados y estatales, (Grupo Clarín 49%, La Nación S.A 22,5%, el Estado nacional 27,5% y 1%, otros) dedujo una medida cautelar judicial, en contra de la resolución y pidió la suspensión de la aplicación de lo decidido. En su planteo sostuvo que la decisión gubernamental viola la libertad de comercio.
El Juez Federal Ernesto Marinelli, en el procedimiento cautelar, que se da sin escuchar a la contraparte, habilitó la feria judicial, hizo lugar al pedido de suspender la aplicación de la resolución y como fianza requirió a la empresa, sólo su juramento.
La medida, evidentemente, significa una clara restricción apresurada y sin mayores recaudos, por parte del poder judicial, al desenvolvimiento de la prensa y su acceso adecuado al papel, que es su insumo básico.
La Corte Suprema Nacional, siguiendo jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha sostenido que, en lo que hace a los aspectos que garantizan la libertad de expresión, las restricciones deben justificarse según objetivos colectivos que, por su importancia, prevalezcan claramente sobre la necesidad social del pleno goce del derecho.
La legalidad de las restricciones a la libertad de expresión dependerá de que estén orientadas a satisfacer un interés público imperativo, (Fallos: 331:1530). Ninguno de los extremos referidos se evidencian claramente, en la decisión judicial, como para justificar la suspensión de la resolución de la Secretaría de Comercio, en un proceso cautelar.
Además, hay que reparar, que el Estado Nacional, que dictó la medida paralizada por la justicia, posee el 27,5 % del paquete accionario de Papel Prensa S. A.
Ello implica, que el Estado, respecto de sus propios intereses y ganancias en la empresa, es dueño de fijar precios, al servicio del bien común, en una postura beneficiosa para las Pymes y cooperativas gráficas, como lo refiere la resolución 1/2010.
Es de esperar que, a la brevedad, se allane el camino para garantizar la igualdad y equidad en el acceso al papel para la prensa, de manera que se permita que la prensa toda pueda cumplir su papel.
*Abogado Constitucionalista, especialista en Derecho de la Información
La Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina ha afirmado que “las empresas periodísticas configuran el ejercicio privado de funciones de interés social y su actividad está dirigida al bien de todos y cada uno de los miembros de la comunidad”, (Fallos: 316:2845).
A su vez, estableció, reiteradamente, que la función de la prensa ayuda a cuidar la “esencia democrática contra toda posible desviación, al extremo que sin su debido resguardo existiría tan sólo uno.
La actividad de la prensa es una de las garantías fundamentales para la vida democrática y un instrumento básico para el ejercicio pleno de diferentes derechos humanos.
El Estado, activamente, tiene la obligación de propiciar, respetar y garantizar una prensa libre y plural. En ello, debe ayudar a superar los condicionamientos externos que afecten la posibilidad de la presencia de emprendimientos periodísticos diversos y no debe permitir que se den, de hecho o de derecho, monopolios u oligopolios que afecten el derecho a saber.
Así, en este interés público imperativo, es importante asegurar que haya una prensa diversa, que se pueda desenvolver, con criterios de igualdad y equidad y que garantice que no se invisibilicen temas, personas o pueblos.
País federal
A su vez, en un país federal es primordial que se tutele la existencia de medios de prensa con dispersión territorial, para que existan voces diferentes desde distintos lugares.
Es la manera de respetar a mujeres y hombres situados, cuya perspectiva, desde su espacio, hay que evitar que se la condicione, con lógicas centralistas y unipolares, que puedan silenciar o anular la visión local.
Se deben propiciar condiciones para que cada espacio del territorio patrio tenga la posibilidad de contar con ámbitos de comunicación propios y de esa manera ayudar a gestar una democracia municipal y provincial adecuada y colaborar a tener una presencia, con personalidad propia, en el ámbito nacional.
El papel de la prensa
En el país hay cientos de diarios, periódicos y revistas organizados como pequeñas y medianas empresas comerciales (Pymes) o cooperativas. Estas publicaciones, producto del esfuerzo por superar la concentración, le dan voz a diferentes, problemáticas, sectores sociales, barrios, localidades, ciudades y regiones del país.
También ayudan a preservar identidades culturales y garantizan que se puedan ejercer derechos humanos básicos, como los de información, comunicación, educación, recreación, participación democrática, control de gestión gubernamental, formación de opinión pública, entre otros.
Asimismo, generan fuentes de trabajo y dinamizan la economía del lugar. Se deber tener presente, que muchos negocios o empresas locales no tienen la capacidad económica o la necesidad de publicitar en grandes medios nacionales, los bienes o servicios que ofrecen. De no existir medios locales, no podrían hacerse conocer o lo tendrían que efectuar abonando montos innecesarios.
Papel para la prensa
Para esos medios, uno de los insumos más condicionantes de su desarrollo y funcionamiento sustentable es el papel para imprimir, que representa entre el 50% al 70% de sus costos.
En este aspecto, ha sido muy positivo que el Estado Nacional haya contemplado que es importante desarrollar una política de estado que busque garantizar la provisión del papel para diario de manera igualitaria. Recurso este que ya ha sido declarado de interés nacional, desde hace tiempo (Ley 11.682).
En esa línea, la Secretaría de Comercio Interior de la Nación dictó la Resolución 1/2010, en enero de este año.
Esta disposición pretende canalizar el abastecimiento del papel para la prensa a todos los medios de información, evitando la concentración del recurso en manos de grandes empresas y también, buscando prevenir que la fijación del precio del papel se transforme en un mecanismo que excluya a los pequeños productores gráficos.
Establece la Resolución que, desde una compra mínima de una tonelada, "las operaciones de comercialización de papel para diario, en fábricas nacionales, deberán efectuarse por un precio igualitario, en función del precio del principal comprador".
Papel Prensa S. A.
La empresa Papel Prensa S.A., integrada por capitales privados y estatales, (Grupo Clarín 49%, La Nación S.A 22,5%, el Estado nacional 27,5% y 1%, otros) dedujo una medida cautelar judicial, en contra de la resolución y pidió la suspensión de la aplicación de lo decidido. En su planteo sostuvo que la decisión gubernamental viola la libertad de comercio.
El Juez Federal Ernesto Marinelli, en el procedimiento cautelar, que se da sin escuchar a la contraparte, habilitó la feria judicial, hizo lugar al pedido de suspender la aplicación de la resolución y como fianza requirió a la empresa, sólo su juramento.
La medida, evidentemente, significa una clara restricción apresurada y sin mayores recaudos, por parte del poder judicial, al desenvolvimiento de la prensa y su acceso adecuado al papel, que es su insumo básico.
La Corte Suprema Nacional, siguiendo jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha sostenido que, en lo que hace a los aspectos que garantizan la libertad de expresión, las restricciones deben justificarse según objetivos colectivos que, por su importancia, prevalezcan claramente sobre la necesidad social del pleno goce del derecho.
La legalidad de las restricciones a la libertad de expresión dependerá de que estén orientadas a satisfacer un interés público imperativo, (Fallos: 331:1530). Ninguno de los extremos referidos se evidencian claramente, en la decisión judicial, como para justificar la suspensión de la resolución de la Secretaría de Comercio, en un proceso cautelar.
Además, hay que reparar, que el Estado Nacional, que dictó la medida paralizada por la justicia, posee el 27,5 % del paquete accionario de Papel Prensa S. A.
Ello implica, que el Estado, respecto de sus propios intereses y ganancias en la empresa, es dueño de fijar precios, al servicio del bien común, en una postura beneficiosa para las Pymes y cooperativas gráficas, como lo refiere la resolución 1/2010.
Es de esperar que, a la brevedad, se allane el camino para garantizar la igualdad y equidad en el acceso al papel para la prensa, de manera que se permita que la prensa toda pueda cumplir su papel.
*Abogado Constitucionalista, especialista en Derecho de la Información
No a la cautelar de Pura de Arrabal
Intelectuales,políticos,asociaciones de radios y organizaciones que quieren la ley de medios de la democracia se manifestaron en Mendoza en apoyo a la ley de Medios
Intelectuales, políticos, estudiantes y promotores de radios comunitarias y pymes que integran ARBIA y LA CORAMECO defendieron frente a un tribunal federal la aplicación de la Ley de Servicios Audiovisuales, aprobada recientemente el Congreso de la Nación.
Tras la concentración que mantuvieron durante el fin de semana en una esquina céntrica donde se habilitaron varias radios abierta en defensa 'de la mejor ley votada desde las bases al Congreso en los últimos años', los organizadores del acto marcharon ayer hacia la zona de tribunales federales de la capital mendocina.
El Coordinador de AFCSA Luis Lazzaro en cadena por ARBIA desde Mendoza para todo el pais
En el lugar, los manifestantes cuestionaron la decisión de la jueza federal Olga Pura de Arrabal, quien una semana atrás suspendió la aplicación de la ley, atendiendo los argumentos que le presentó el diputado nacional del Peronismo Federal, Enrique Thomas.
Miembros del grupo de intelectuales 'Carta Abierta', estudiantes de diversas carreras de la Universidad Nacional de Cuyo y radios comunitarias (La Mosquitera y Cuyum, entre otras) las radios asociadas a ARBIA y CORAMECO acusaron a la magistrada de estar 'vinculada al grupo Vila-Manzano y al vicepresidente Julio Cobos'.
Pura de Arrabal, según los manifestantes, en su momento resolvió no innovar atendiendo el reclamo del grupo empresarial mendocino en ocasión en que canal 7 de Buenos Aires instaló una repetidora directa para que quiénes quisieran acceder a la televisión pública lo hicieran sin pagar al sistema de cable, Supercanal propiedad del Grupo Uno de Daniel Vila,Manzano y De Narvaez.
Esta tarde la magistrada federal negó vinculaciones con el grupo Vila-Manzano-De Narvaez y con Julio Cobos y declaró a medios locales que en realidad es una decisión (suspender la vigencia de la Ley de Medios) que parte de la denuncia del legislador nacional Enrique Thomas sobre vicios en el procedimiento para aprobar la ley.
Roberto Follari, sociólogo de Carta Abierta, comento que el accionar de los jueces federales que en diferentes lugares del país objetan la ley de Medios es una chicana judicial y ponen palos en la rueda.
El diputado nacional Jorge 'Pampa' Alvaro (Partido Compromiso Popular) criticó a Cobos por no querer firmar la resolución que designa a dos senadores nacionales como parte de la comisión reguladora que suplantará al COMFER dijo en la transmisión en vivo de ARBIA.
Es un hombre que juega su propio partido y que está demorando la aplicación de la Ley de Servicios Audiovisuales, por lo que pediré por dos vías la suspensión de la medida precautoria dictada aquí por la jueza Pura de Arrabal el 21 de diciembre que tuvo como promotor al diputado cobista Enrique Thomas,en estos terminos termino EL PAMPA la nota con las radios de ARBIA y CORAMECO
Intelectuales, políticos, estudiantes y promotores de radios comunitarias y pymes que integran ARBIA y LA CORAMECO defendieron frente a un tribunal federal la aplicación de la Ley de Servicios Audiovisuales, aprobada recientemente el Congreso de la Nación.
Tras la concentración que mantuvieron durante el fin de semana en una esquina céntrica donde se habilitaron varias radios abierta en defensa 'de la mejor ley votada desde las bases al Congreso en los últimos años', los organizadores del acto marcharon ayer hacia la zona de tribunales federales de la capital mendocina.
El Coordinador de AFCSA Luis Lazzaro en cadena por ARBIA desde Mendoza para todo el pais
En el lugar, los manifestantes cuestionaron la decisión de la jueza federal Olga Pura de Arrabal, quien una semana atrás suspendió la aplicación de la ley, atendiendo los argumentos que le presentó el diputado nacional del Peronismo Federal, Enrique Thomas.
Miembros del grupo de intelectuales 'Carta Abierta', estudiantes de diversas carreras de la Universidad Nacional de Cuyo y radios comunitarias (La Mosquitera y Cuyum, entre otras) las radios asociadas a ARBIA y CORAMECO acusaron a la magistrada de estar 'vinculada al grupo Vila-Manzano y al vicepresidente Julio Cobos'.
Pura de Arrabal, según los manifestantes, en su momento resolvió no innovar atendiendo el reclamo del grupo empresarial mendocino en ocasión en que canal 7 de Buenos Aires instaló una repetidora directa para que quiénes quisieran acceder a la televisión pública lo hicieran sin pagar al sistema de cable, Supercanal propiedad del Grupo Uno de Daniel Vila,Manzano y De Narvaez.
Esta tarde la magistrada federal negó vinculaciones con el grupo Vila-Manzano-De Narvaez y con Julio Cobos y declaró a medios locales que en realidad es una decisión (suspender la vigencia de la Ley de Medios) que parte de la denuncia del legislador nacional Enrique Thomas sobre vicios en el procedimiento para aprobar la ley.
Roberto Follari, sociólogo de Carta Abierta, comento que el accionar de los jueces federales que en diferentes lugares del país objetan la ley de Medios es una chicana judicial y ponen palos en la rueda.
El diputado nacional Jorge 'Pampa' Alvaro (Partido Compromiso Popular) criticó a Cobos por no querer firmar la resolución que designa a dos senadores nacionales como parte de la comisión reguladora que suplantará al COMFER dijo en la transmisión en vivo de ARBIA.
Es un hombre que juega su propio partido y que está demorando la aplicación de la Ley de Servicios Audiovisuales, por lo que pediré por dos vías la suspensión de la medida precautoria dictada aquí por la jueza Pura de Arrabal el 21 de diciembre que tuvo como promotor al diputado cobista Enrique Thomas,en estos terminos termino EL PAMPA la nota con las radios de ARBIA y CORAMECO
INFO de la Conferderación de Radios y Medios de Comunicación de Argentina
LA CONFEDERACIÓN DE RADIOS Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE ARGENTINA CONVOCA
Buenos Aires – Argentina, 12 de febrero de 2010 (COOPERAR) - EL PRÓXIMO LUNES 15 DE FEBRERO TODOS A LA EXPLANADA DEL JUZGADO FEDERAL DE MENDOZA ,RECLAMEMOS A VIVA VOZ LA VIGENCIA DE LA LEY DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL QUE SUPIMOS CONSEGUIR.
LA CONFEDERACION DE RADIOS Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE ARGENTINA ( CORAMECO ), INVITAN A TODOS/AS A PARTICIPAR Y RECLAMAR LA VIGENCIA DE ESTA LEY NACIDA DE LA DEMOCRACIA.
NOS ENCONTRAMOS A LAS 11: OO HS. EN LA EXPLANADA DEL JUZGADO FEDERAL (ESPAÑA Y PEDRO MOLINA) QUE EL CAPRICHO DE UNOS POCOS NO NOS ARRANQUE VEINTE AÑOS DE TRABAJO POR LA IGUALDAD EN LA COMUNICACIÓN , PLURALIDAD DE VOCES Y DEMOCRATIZACIÓN DE LA PALABRA.
REUNIÓN NACIONAL DE LA CONFEDERACIÓN
Las organizaciones y asociaciones que integran esta confederación de radios y medios de comunicación se dieron cita para este 18 de Febrero a las 11.00 horas en el Auditorio del ISER, Av. Ramos Mejía 1398 (Retiro) de ahí saldrán los pasos a seguir en el país para las políticas nacionales de comunicación, el censo nacional llamado por La AFSCA , el avance de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, El Consejo Federal de Comunicación y una reunión explicativa del censo con la Autoridad Federal.
El cierre del mismo estará a cargo del Lic. Gabriel Mariotto, Presidente del Directorio de La Autoridad Federal.
Habló con Telam Beatriz Paglieri
Papel Prensa: la representante del Estado detalló las irregularidades cometidas por los accionistas privados
La representante del Estado en la empresa, Beatriz Paglieri, detalló las irregularidades cometidas por los accionistas que representan a Clarín y La Nación en la reunión de directorio del 4 de noviembre. "Entregaron a la Bolsa un balance con una firma tachada. La Comisión Nacional de Valores declaró nula esa reunión", explicó Paglieri.
Hace unas semanas se había conocido la denuncia de la Comisión Nacional de Valores (CNV) contra papel Prensa por irregularidades administrativas.
En diálogo con la agencia Télam, Paglieri salió a revelar cuáles fueron las irregularidades cometidas por los representantes de Clarín y La Nación en la reunión de directorio del 4 de noviembre de 2009.
"Tomó la palabra el doctor Saguier (Julio, representante del diario La Nación ), presidente de la empresa y dijo que por razones personales renunciaba a su cargo. Entonces uno de los directores que representa a Clarín, el señor Rendo (Jorge), propuso que su lugar lo ocupara el doctor Maquieira (Alberto)".
"Al momento de tratarse el balance nosotros teníamos previsto abstenernos con el voto, porque no habíamos tenido el acceso a la información. El borrador que debía ser analizado (por los diferentes representantes) no respondía a lo que había acontecido".
"Pretendieron cambiar el orden temporal de las actas porque el balance ya estaba firmado por Saguier que ya no era presidente, había asumido Maquieira. Por eso, el balance está firmado por Saguier y tiene la tachadura de la firma, y cuando digo tachadura digo una cruz sobre la firma y al lado firmó Maquieira.
Ese es el balance que fue entregado a la Bolsa y a la Comisión Nacional de Valores. Esto es más que irregular en una empresa que tiene que estar respetando la ley y la transparencia publica. La CNV declaró nulas esas reuniones, por lo cual quedan nulos todos los acontecimientos posteriores. Entonces nos siguen convocando a reuniones en las que nosotros no podemos participar porque la CNV recomienda no participar de algo que esta viciado de nulidad".
Buenos Aires – Argentina, 12 de febrero de 2010 (COOPERAR) - EL PRÓXIMO LUNES 15 DE FEBRERO TODOS A LA EXPLANADA DEL JUZGADO FEDERAL DE MENDOZA ,RECLAMEMOS A VIVA VOZ LA VIGENCIA DE LA LEY DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL QUE SUPIMOS CONSEGUIR.
LA CONFEDERACION DE RADIOS Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE ARGENTINA ( CORAMECO ), INVITAN A TODOS/AS A PARTICIPAR Y RECLAMAR LA VIGENCIA DE ESTA LEY NACIDA DE LA DEMOCRACIA.
NOS ENCONTRAMOS A LAS 11: OO HS. EN LA EXPLANADA DEL JUZGADO FEDERAL (ESPAÑA Y PEDRO MOLINA) QUE EL CAPRICHO DE UNOS POCOS NO NOS ARRANQUE VEINTE AÑOS DE TRABAJO POR LA IGUALDAD EN LA COMUNICACIÓN , PLURALIDAD DE VOCES Y DEMOCRATIZACIÓN DE LA PALABRA.
REUNIÓN NACIONAL DE LA CONFEDERACIÓN
Las organizaciones y asociaciones que integran esta confederación de radios y medios de comunicación se dieron cita para este 18 de Febrero a las 11.00 horas en el Auditorio del ISER, Av. Ramos Mejía 1398 (Retiro) de ahí saldrán los pasos a seguir en el país para las políticas nacionales de comunicación, el censo nacional llamado por La AFSCA , el avance de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, El Consejo Federal de Comunicación y una reunión explicativa del censo con la Autoridad Federal.
El cierre del mismo estará a cargo del Lic. Gabriel Mariotto, Presidente del Directorio de La Autoridad Federal.
Habló con Telam Beatriz Paglieri
Papel Prensa: la representante del Estado detalló las irregularidades cometidas por los accionistas privados
La representante del Estado en la empresa, Beatriz Paglieri, detalló las irregularidades cometidas por los accionistas que representan a Clarín y La Nación en la reunión de directorio del 4 de noviembre. "Entregaron a la Bolsa un balance con una firma tachada. La Comisión Nacional de Valores declaró nula esa reunión", explicó Paglieri.
Hace unas semanas se había conocido la denuncia de la Comisión Nacional de Valores (CNV) contra papel Prensa por irregularidades administrativas.
En diálogo con la agencia Télam, Paglieri salió a revelar cuáles fueron las irregularidades cometidas por los representantes de Clarín y La Nación en la reunión de directorio del 4 de noviembre de 2009.
"Tomó la palabra el doctor Saguier (Julio, representante del diario La Nación ), presidente de la empresa y dijo que por razones personales renunciaba a su cargo. Entonces uno de los directores que representa a Clarín, el señor Rendo (Jorge), propuso que su lugar lo ocupara el doctor Maquieira (Alberto)".
"Al momento de tratarse el balance nosotros teníamos previsto abstenernos con el voto, porque no habíamos tenido el acceso a la información. El borrador que debía ser analizado (por los diferentes representantes) no respondía a lo que había acontecido".
"Pretendieron cambiar el orden temporal de las actas porque el balance ya estaba firmado por Saguier que ya no era presidente, había asumido Maquieira. Por eso, el balance está firmado por Saguier y tiene la tachadura de la firma, y cuando digo tachadura digo una cruz sobre la firma y al lado firmó Maquieira.
Ese es el balance que fue entregado a la Bolsa y a la Comisión Nacional de Valores. Esto es más que irregular en una empresa que tiene que estar respetando la ley y la transparencia publica. La CNV declaró nulas esas reuniones, por lo cual quedan nulos todos los acontecimientos posteriores. Entonces nos siguen convocando a reuniones en las que nosotros no podemos participar porque la CNV recomienda no participar de algo que esta viciado de nulidad".
viernes, 15 de enero de 2010
El gobierno hace presentación judicial ante la Corte contra la ley de medios audiovisuales
Preocupación oficial
El gobierno hace presentación judicial ante la Corte contra la ley de medios audiovisuales
Maquillado en la presunta preocupación por defender el federalismo y la libertad de expresión, el gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saá, que avasalla las autonomías municipales y en 2004 sus partidarios aprobaron la ley mordaza y desde hace un año y medio no aprueban la ley de acceso a la información pública, ayer firmó en presencia de los periodistas el amparo que presentará ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación contra la que denominó "Ley de medios K". Por supuesto que no respondió las preguntas del periodismo, hizo el anuncio, firmó y se fue. Dejó a Rodolfo Barra -ex juez de la corte menemista- y al Fiscal Eduardo Allende, autores del escrito, para que explicaran los alcances de la presentación.
Aunque no lo diga, el gobierno tiene miedo de perder la hegemonía en el manejo de los canales de aire y el espectro radioeléctrico, que quiere controlar y dictar la normativa provincial. Con argumentos falaces ataca a la ley de medios aprobada por el Congreso e intenta lograr su cometido a través de esta presentación ante la Corte Suprema.
Ayer el Fiscal de Estado, en su pobre argumentación dijo que no iban a permitir que el gobierno nacional atacara los contenidos del canal provincial, cuando la ley, en todo caso, lo que hace es apoyar lo que la provincia está haciendo en materia de contenidos, ya que obliga a tener una programación local que el canal cumple sobradamente -si se cuenta como programación local la que se produce con personajes de otras latitudes a través de productoras asociadas al canal.
Pero, en definitiva, ayer el gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saá, firmó en su despacho la presentación que la provincia hará hoy ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación solicitando la inconstitucionalidad de la Ley de Medios Audiovisuales recientemente sancionada por el Congreso. También adelantó que trabajan para hacer una ley de medios provincial, el objetivo final para mantener bajo su órbita el otorgamiento de las licencias, porque "hay que garantizar un ordenamiento", según se sinceró luego el Fiscal de Estado.
El mandatario comenzó la presentación citando el artículo 1 de la Constitución Nacional, donde señala que la Argentina toma como forma de gobierno, la representativa y federal. Dijo en este sentido que este artículo es el único "petreo" e inamovible de la carta magna.
Cuando las provincias organizamos la Nación, una de las cosas "que quedó claro, es que las provincias son primero, la Nación es después. Las provincias formamos la Nación".
"Ahi se hizo una esfera de competencias: Esto queda para las provincias, esto queda para la Nación. Entre las facultades reservadas, está las que las provincias se dictan sus propias
Constituciones. La Nación no podría dictarnos nuestra propia Constitución". Pero, "hay facultades que están prohibidas: el artículo 32 le prohibe al Congreso Nacional dictar leyes que restrinjan la libertad de prensa", como si la ley aprobada la restringiese.
Luego de hacer un análisis de los alcances de nuestra CN, dijo que "ni las provincias ni la Nación pueden restringir la libertad de expresión"
"La Nación ha restringido la libertad de expresión a través de la ley de medios K, pero nosotros tenemos que emitir una ley que de amplia libertad de prensa, que es la deuda que tenemos y el próximo paso" que van a dar.
También cargó contra los argumentos vertidos en favor de la ley, que hace referencia al artículo 75, inciso 19, de la CN. "Esas facultades, donde dice espacios culturales y medios audiovisuales, se prodrán dictar leyes para proteger, para progresar, pero no son leyes de la restricción de imprenta".
Tras el anuncio, Rodríguez Saá no respondió a las preguntas de los periodistas y se retiró dejando a Barra y Allende para responder los pormenores de la presentación.
Allende dijo no conocer lo que se había debatido en la Legislatura provincial, donde una veintena de expositores -de una lista que estaba abierta a todo público y que el gobierno eligió no participar- expresaron mayoritariamente su apoyo a la iniciativa finalmente aprobada.
Tampoco conocía que en la provincia se niege el libre acceso a la información, porque según él "no hay formalizada ninguna presentación por escrito" ante esa Fiscalía.
Desconocía que el gobieno había ratificado la ley mordaza, (es lógico, en esa época era Vice Ministro de la Legalidad y Jefe de Policía, mas dispuesto a reprimir que a ver lo que sucedía en su entorno o porqué la gente se quejaba) que luego fue derogada por la presión del periodismo y tampoco conocía que en la Legislatura durmiera el sueño de los justos un proyecto de ley para permitir el libre acceso a las fuentes informativas públicas, un principio que establece la Constitución en su artículo 21, pero que en San Luis no se respeta.
Una presencia inexplicable
Mandando un mensaje subliminar o no tanto, ayer el gobernador se permitió sentar en la mesa de la conferencia de prensa donde hizo el anuncio a los camaristas penales José Luis Flores, Silvia Aizpiolea y Domingo Flores, y la camarista civil mercedina Amanda Echeverri, cumpliendo un rol que nadie entendió, salvo el de hacer saber que también la justicia está bajo su órbita. Triste papel el de los jueces que participaron de este acto político del gobernador, aunque se trate de una presentación judicial ante la Corte.
Quedó nuevamente demostrado que en San Luis, la división de Poderes es una fantasía.
Informe: Gustavo Senn
gustavosenn@gmail.com
El gobierno hace presentación judicial ante la Corte contra la ley de medios audiovisuales
Maquillado en la presunta preocupación por defender el federalismo y la libertad de expresión, el gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saá, que avasalla las autonomías municipales y en 2004 sus partidarios aprobaron la ley mordaza y desde hace un año y medio no aprueban la ley de acceso a la información pública, ayer firmó en presencia de los periodistas el amparo que presentará ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación contra la que denominó "Ley de medios K". Por supuesto que no respondió las preguntas del periodismo, hizo el anuncio, firmó y se fue. Dejó a Rodolfo Barra -ex juez de la corte menemista- y al Fiscal Eduardo Allende, autores del escrito, para que explicaran los alcances de la presentación.
Aunque no lo diga, el gobierno tiene miedo de perder la hegemonía en el manejo de los canales de aire y el espectro radioeléctrico, que quiere controlar y dictar la normativa provincial. Con argumentos falaces ataca a la ley de medios aprobada por el Congreso e intenta lograr su cometido a través de esta presentación ante la Corte Suprema.
Ayer el Fiscal de Estado, en su pobre argumentación dijo que no iban a permitir que el gobierno nacional atacara los contenidos del canal provincial, cuando la ley, en todo caso, lo que hace es apoyar lo que la provincia está haciendo en materia de contenidos, ya que obliga a tener una programación local que el canal cumple sobradamente -si se cuenta como programación local la que se produce con personajes de otras latitudes a través de productoras asociadas al canal.
Pero, en definitiva, ayer el gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saá, firmó en su despacho la presentación que la provincia hará hoy ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación solicitando la inconstitucionalidad de la Ley de Medios Audiovisuales recientemente sancionada por el Congreso. También adelantó que trabajan para hacer una ley de medios provincial, el objetivo final para mantener bajo su órbita el otorgamiento de las licencias, porque "hay que garantizar un ordenamiento", según se sinceró luego el Fiscal de Estado.
El mandatario comenzó la presentación citando el artículo 1 de la Constitución Nacional, donde señala que la Argentina toma como forma de gobierno, la representativa y federal. Dijo en este sentido que este artículo es el único "petreo" e inamovible de la carta magna.
Cuando las provincias organizamos la Nación, una de las cosas "que quedó claro, es que las provincias son primero, la Nación es después. Las provincias formamos la Nación".
"Ahi se hizo una esfera de competencias: Esto queda para las provincias, esto queda para la Nación. Entre las facultades reservadas, está las que las provincias se dictan sus propias
Constituciones. La Nación no podría dictarnos nuestra propia Constitución". Pero, "hay facultades que están prohibidas: el artículo 32 le prohibe al Congreso Nacional dictar leyes que restrinjan la libertad de prensa", como si la ley aprobada la restringiese.
Luego de hacer un análisis de los alcances de nuestra CN, dijo que "ni las provincias ni la Nación pueden restringir la libertad de expresión"
"La Nación ha restringido la libertad de expresión a través de la ley de medios K, pero nosotros tenemos que emitir una ley que de amplia libertad de prensa, que es la deuda que tenemos y el próximo paso" que van a dar.
También cargó contra los argumentos vertidos en favor de la ley, que hace referencia al artículo 75, inciso 19, de la CN. "Esas facultades, donde dice espacios culturales y medios audiovisuales, se prodrán dictar leyes para proteger, para progresar, pero no son leyes de la restricción de imprenta".
Tras el anuncio, Rodríguez Saá no respondió a las preguntas de los periodistas y se retiró dejando a Barra y Allende para responder los pormenores de la presentación.
Allende dijo no conocer lo que se había debatido en la Legislatura provincial, donde una veintena de expositores -de una lista que estaba abierta a todo público y que el gobierno eligió no participar- expresaron mayoritariamente su apoyo a la iniciativa finalmente aprobada.
Tampoco conocía que en la provincia se niege el libre acceso a la información, porque según él "no hay formalizada ninguna presentación por escrito" ante esa Fiscalía.
Desconocía que el gobieno había ratificado la ley mordaza, (es lógico, en esa época era Vice Ministro de la Legalidad y Jefe de Policía, mas dispuesto a reprimir que a ver lo que sucedía en su entorno o porqué la gente se quejaba) que luego fue derogada por la presión del periodismo y tampoco conocía que en la Legislatura durmiera el sueño de los justos un proyecto de ley para permitir el libre acceso a las fuentes informativas públicas, un principio que establece la Constitución en su artículo 21, pero que en San Luis no se respeta.
Una presencia inexplicable
Mandando un mensaje subliminar o no tanto, ayer el gobernador se permitió sentar en la mesa de la conferencia de prensa donde hizo el anuncio a los camaristas penales José Luis Flores, Silvia Aizpiolea y Domingo Flores, y la camarista civil mercedina Amanda Echeverri, cumpliendo un rol que nadie entendió, salvo el de hacer saber que también la justicia está bajo su órbita. Triste papel el de los jueces que participaron de este acto político del gobernador, aunque se trate de una presentación judicial ante la Corte.
Quedó nuevamente demostrado que en San Luis, la división de Poderes es una fantasía.
Informe: Gustavo Senn
gustavosenn@gmail.com
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